Notas de Prensa

El Gobierno declara su firme compromiso con el Pacto de Estado de violencia de género y con las víctimas y sus familias

  • Acuerdo en el Consejo de Ministros
  • Con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora cada 25 de noviembre, el Consejo de Ministros ha manifestado su rotunda condena contra cualquier acto de violencia sobre las mujeres y su total apoyo con las víctimas y sus familias, en especial con las hijas e hijos menores a cargo de las víctimas de maltrato
  • “El fomento de la igualdad y la lucha contra la discriminación por razón de sexo, es la mejor forma de combatir los comportamientos que suponen el ejercicio de cualquier forma de violencia contra las mujeres”

24 de noviembre de 2017. El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, así como del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación y del Ministerio de Justicia, ha aprobado hoy una Declaración Institucional contra la violencia de género con el fin de constatar su compromiso frente a la lucha contra esta lacra. Lo ha hecho con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora este sábado, 25 de noviembre, y se declara lo siguiente:

“Con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Gobierno manifiesta su rotunda condena contra cualquier acto de violencia sobre las mujeres, así como su total apoyo y solidaridad con las víctimas y sus familias, en especial con las hijas e hijos menores a cargo de las mujeres víctimas de maltrato. El Gobierno quiere rendir un sentido homenaje a las 44 mujeres asesinadas por sus parejas o ex parejas en lo que llevamos de año en España, y a los 8 menores, niñas y niños asesinados como consecuencia de la violencia de género ejercida sobre sus madres. Padecemos con el sufrimiento de ellas como nuestro, sufrimos con sus familiares, y de manera especial con los 23 huérfanos de este año 2017, hijas e hijos menores que unirán para siempre al dolor de la ausencia el motivo que lo produjo. Es por todas las mujeres que sufren maltrato en España, las que hablan y las que no lo cuentan, que, desde nuestros respectivos ámbitos de responsabilidad, debemos redoblar nuestros esfuerzos para acabar con la impunidad de los maltratadores, garantizar la seguridad de las víctimas e impulsar los cambios necesarios en la sociedad para prevenir la violencia sobre las mujeres y rechazarla de forma unánime.

Tal y como se reconoce en el Preámbulo de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género, los poderes públicos no pueden ser ajenos a la violencia de género, que constituye uno de los ataques más flagrantes a derechos fundamentales proclamados en nuestra Constitución, como la libertad, la igualdad, la vida, la seguridad y la no discriminación.

La violencia de género es un problema de toda la sociedad y es toda la sociedad quien tiene que involucrarse en la búsqueda de soluciones eficaces para prevenirla, proteger a las víctimas y rechazar a los maltratadores. El fomento de la igualdad y la lucha contra la discriminación por razón de sexo, es la mejor forma de combatir los comportamientos que suponen el ejercicio de cualquier forma de violencia contra las mujeres. Una sociedad que respeta los derechos de mujeres y hombres, que trata por igual a ambos sexos, que no entiende ni admite discriminación alguna, es una sociedad madura y democrática formada por personas libres.

La erradicación de la violencia de género exige, como así venimos trabajando e impulsando en nuestro país, afrontar retos y desafíos mediante el trabajo conjunto, coordinado y en colaboración con todas las instituciones, administraciones y organizaciones de la sociedad civil, desde el convencimiento de que su solución y la protección y asistencia a las víctimas son una cuestión de Estado. Es por ello que, la reciente aprobación de los Informes para el Pacto de Estado en materia de Violencia de Género, adoptados por el Congreso y el Senado respectivamente, reflejan el paso adelante de una sociedad que sabe unirse sin fisuras frente al reto de lograr una sociedad más igualitaria y libre de cualquier forma de violencia contra las mujeres. De ahí la importancia y el alcance del consenso institucional, político y social alcanzado que pone de manifiesto el compromiso de todas las instituciones para poner en marcha acciones concretas que permitan avanzar en la erradicación de la violencia contra las mujeres. Este Pacto viene a demostrar que cuando existen razones fundadas y el firme convencimiento de una sociedad, es posible lograr la acción decidida de todas las fuerzas políticas dirigida  hacia un mismo objetivo.

Así pues, combatir todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico o perjuicio económico para la mujer, tanto en la vida pública como en la vida privada, es una cuestión de Estado, un asunto prioritario, que nos afecta como sociedad y como país, y de la que depende el futuro de nuestra convivencia.

España ha hecho de la lucha contra la violencia de género y contra todas las formas de  discriminación contra las mujeres y niñas una prioridad en su política exterior de derechos humanos. El Gobierno de España realiza importantes esfuerzos a nivel bilateral y multilateral para avanzar en la implementación de medidas en esta dirección. Cabe destacar el importante papel de España en instituciones como Naciones Unidas -Consejo de Seguridad, Consejo de Derechos Humanos y CEDAW-, la Unión Europea o el Consejo de Europa en este ámbito. Como miembro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, España impulsó la aprobación de la Resolución 2242 sobre Mujeres, Paz y Seguridad, así como la creación de mecanismos como el grupo Informal de Expertos o la Red de Puntos Focales Nacionales, previstos en la misma, y ha contribuido al Fondo de Aceleración Global con un importe de 750.000 euros. Reflejo de estos esfuerzos en el ámbito nacional se aprobó el pasado mes de julio el II Plan Nacional de Acción de Mujeres, Paz y Seguridad. Con el objetivo de luchar contra todas las formas de violencia contra mujeres y niñas, España lideró la Resolución 2331 en materia de Trata de personas en situaciones de conflicto. España se ha adherido además a iniciativas como “Call To Action” para la lucha contra la violencia sexual y violencia de género en emergencias y participa de forma activa en la Task Force de la Unión Europea para la implementación de la Resolución 1325. España seguirá trabajando en esta prioridad durante su presencia en el Consejo de Derechos Humanos durante el periodo 2018-2020, tal y como ha anunciado en sus compromisos de actuación.

Nos encontramos en un momento crucial para construir una sociedad libre de violencia sobre las mujeres. En España se han alcanzado resultados positivos a lo largo de los últimos años. Hemos trabajado en profundidad y plena responsabilidad desde todas las administraciones públicas,  llegando a alcanzar a nivel internacional el carácter de referencia en el diseño e implantación de políticas públicas en materia de violencia de género. Pero, a pesar de los avances legales de carácter nacional e internacional, las mujeres siguen siendo víctimas de maltrato, siguen siendo asesinadas cada año, y, desgraciadamente, cada vez en mayor medida también lo son sus hijos e hijas. Incluso han irrumpido otras formas de violencia de género al compás de los cambios producidos por la globalización, tales como la trata de mujeres y de niñas con fines de explotación sexual, o la violencia ejercida a través de las redes sociales y han aparecido en nuestro país otras formas de violencia vinculadas a  lo que Naciones Unidas ha definido como prácticas tradicionales nocivas, que deben hallar también una respuesta adecuada en la legislación española. De ahí la transcendencia de las medidas planteadas en los documentos del Pacto de Estado, que van a permitir dar un paso más en la respuesta integral a todas las formas de violencia contra las mujeres.

En cumplimiento de las medidas incluidas en el Pacto de Estado, la actuación de los poderes públicos y en particular del Gobierno se va a centrar en los siguientes ejes:

  • La ruptura del silencio mediante el fomento de las acciones de sensibilización y prevención de la violencia de género dirigidas a concienciara la sociedad sobre el daño que producen la desigualdad y las conductas violentas, y ayudar a la toma de conciencia sobre la magnitud del problema de la violencia contra las mujeres y las consecuencias que tiene para la vida de las mujeres y de sus hijos e hijas. Estas actuaciones han de tener como destinatarios principales a niños y niñas, adolescentes y jóvenes, para que interioricen la igualdad como un valor esencial para la convivencia entre mujeres y hombres, así como alas mujeres que viven en el ámbito rural, y a las mujeres que sufren algún tipo de discapacidad, garantizándoles la accesibilidad de los materiales de información.

  • La mejora de la respuesta institucional a las víctimas de violencia de género, a través de la coordinación y el trabajo en red, maximizando el uso de los recursos disponibles, promoviendo recursos de apoyo en el ámbito local, perfeccionando los protocolos de actuación y de comunicación entre los diferentes agentes intervinientes con el fin de evitar el riesgo de victimización secundaria, y mejorando la confianza de las víctimas en las instituciones.

  • El perfeccionamiento de la asistencia, ayuda y protección que se ofrece a las mujeres víctimas de la violencia de género y a sus hijos e hijas, prestando una atención especial a los colectivos de mujeres más vulnerables, como las mujeres mayores, las mujeres migrantes, las mujeres con cualquier tipo de discapacidad, las de minorías étnicas y las mujeres del medio rural.

  • La asistencia y protección de los menores, partiendo del reconocimiento de éstos como víctimas directas y de la necesidad de ampliar y mejorar las medidas dirigidas a su asistencia, su protección y acompañamiento en su proceso de recuperación.

  • El impulso de la formación de los distintos agentes para garantizar la mejor respuesta asistencial. Para ofrecer a las víctimas de violencia de género la mejor asistencia posible es necesario impulsar la formación especializada de todos los profesionales que intervienen en la prevención, protección, y ayuda psicosocial a las víctimas. Es por ello necesario seguir promoviendo la formación de todos los profesionales implicados: jueces, fiscales, equipos psicosociales, médicos forenses, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, personal sanitario y personal docente, entre otros.

  • La mejora del conocimiento, el seguimiento estadístico y la investigación. Una actuación eficaz contra todos los tipos de violencia contra las mujeres incluidos en el ámbito de aplicación del Convenio del Consejo de Europa para prevenir y combatir la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (Convenio de Estambul) precisa de los datos más completos y detallados sobre sus formas, incidencia, causas, y consecuencias teniendo en cuenta variables como la edad, la discapacidad o la incidencia en el mundo rural, y de estudios e informes, sobre aspectos tales como el impacto sobre las hijas e hijos de las víctimas, sobre la violencia sexual, y la situación laboral de las mujeres víctimas.

  • La adopción de las modificaciones legislativas, así como la aprobación de nuevos instrumentos jurídicos necesarios para adaptar la legislación española a los compromisos internacionales, en particular al Convenio del Consejo de Europa para prevenir y combatir la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (Convenio de Estambul) de 2011 y para dar cumplimiento a las recomendaciones formuladas en los Informes del Congreso y del Senado.

  • El reconocimiento y la atención hacia otras formas de violencia contra las mujeres, de conformidad con el Convenio del Consejo de Europa para prevenir y combatir la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (Convenio de Estambul), de 2011, prestando especial atención a la violencia sexual, a la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, a la mutilación genital femenina y a los matrimonios forzados.

    El Gobierno, un año más, desde la convicción de que una España libre de violencia contra la mujer es posible en el siglo XXI, exhorta a toda la sociedad para que junto a los poderes públicos, lidere el cambio necesario para su consecución.”